Especialistas de Chile y Argentina examinaron las fortalezas del Sistema del Tratado Antártico y las dificultades que enfrenta para adoptar medidas ambientales y responder a nuevas tecnologías.

La necesidad de preservar los acuerdos internacionales y mejorar los mecanismos de fiscalización fue abordada por la politóloga argentina María Agustina Falco y el abogado chileno Gonzalo Guajardo Gavilán durante las VIII Jornadas Chilenas de Derecho Antártico, realizadas el jueves 5 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en Providencia.

Ambas presentaciones examinaron cómo mantener la eficacia de un sistema establecido en 1959, que ha permitido desarrollar actividades científicas y sostener el diálogo entre países con diferentes intereses en el continente blanco.

El valor del consenso

Falco presentó una investigación sobre cuatro factores que explican la continuidad del régimen antártico: legitimidad institucional, consenso, diplomacia científica y capacidad de adaptación.

Uno de sus planteamientos centrales fue que la obligación de alcanzar acuerdos impide que una mayoría imponga decisiones al resto de los Estados. Sin embargo, este mismo procedimiento puede retrasar iniciativas de conservación.

«El problema es que puede ser que algunas decisiones queden bloqueadas o se posterguen durante años».

Como ejemplo, mencionó la propuesta de área marina protegida para la península Antártica, impulsada por Chile y Argentina, que aún no obtiene el respaldo necesario para su aprobación.

La investigación científica también cumple un papel relevante al generar evidencia y mantener vínculos entre instituciones de distintos países. No obstante, disponer de antecedentes sobre amenazas ambientales no garantiza que los gobiernos adopten las medidas correspondientes.

Desde esa perspectiva, la fortaleza del sistema no depende únicamente de su permanencia, sino de su capacidad para ofrecer respuestas a nuevas necesidades.

Fiscalización frente a nuevos escenarios

Guajardo, por su parte, examinó las consecuencias de las rivalidades internacionales sobre las instituciones encargadas de regular las actividades antárticas.

«Este sistema no es una burbuja que llegue a ser inmune a los conflictos geopolíticos».

Entre las preocupaciones expuestas figuraron las dificultades para aprobar instrumentos ambientales y la aparición de tecnologías de doble uso, capaces de cumplir funciones científicas y militares.

Estas últimas representan un desafío para los procedimientos de inspección establecidos, debido a las dificultades que pueden existir para identificar sus distintas aplicaciones.

Frente a este escenario, el abogado planteó una participación más activa de los Estados y la modernización de las capacidades de fiscalización, junto con el fortalecimiento de la diplomacia.

Las dos investigaciones ofrecieron perspectivas complementarias: Falco explicó los mecanismos que han permitido sostener el sistema, mientras Guajardo identificó aspectos que requieren mayor atención.

El desafío compartido consiste en traducir los compromisos internacionales y el conocimiento científico en decisiones aplicables, manteniendo los principios que han caracterizado la actividad antártica durante más de seis décadas.